Del progreso del campo depende el del país

Del progreso del campo depende el del país

Por Arturo Romo Gutiérrez

Prestigiados investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo atribuyen la crisis alimentaria a los frecuentes fenómenos meteorológicos atípicos y a las políticas gubernamentales fallidas. Advierten que el 70 por ciento de la superficie agrícola cultivada del país se encuentra seriamente afectada y, por esa razón, se espera para 2012 la elevación entre 100 a 150 por ciento en los precios de los productos agropecuarios (maíz, frijol, trigo, cereales y forrajes), como lógica consecuencia del desabastecimiento y la no tan lógica, del coyotaje y la especulación.

Los campesinos organizados denuncian que la devastación del campo en 20 estados del país por heladas y sequías, ha colocado en grave situación a miles de miles de familias campesinas y alertan que de no atender el gobierno la emergencia, es inevitable la aparición de una hambruna que afectaría a todos y principalmente a los pobres. En consecuencia, demandan recursos extraordinarios para remediar la situación.

 El dirigente de la Confederación Nacional Campesina declara que las heladas de inicio de año afectaron 1.2 millones de hectáreas y la sequía causó enormes perjuicios al 40 por ciento del territorio nacional y a más de 4 millones de cabezas de ganado en los estados de Durango, Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas, en los cuales ya existe desabasto de alimentos, además de que 2.5 millones de personas enfrentan dificultades para acceder al agua potable. Concluye: “El año 2011 será recordado como el de la más grande catástrofe agropecuaria ocurrida en los últimos setenta años”, frente a la cual las autoridades respondieron con una increíble insensibilidad.

Legisladores decretan constituir un fondo de 10 mil millones de pesos para aliviar la apremiante situación, pero ese acuerdo es vetado por Felipe Calderón porque, arguye, “no puede sacarse de la bolsa esa millonaria cantidad”. Sorpresivamente, el actual ocupante de Los Pinos se saca de la manga, cual si fuera un mago, la misma cantidad, que dispone sea operada por el Fondo para la atención de los desastres naturales, instrumento dependiente del gobierno federal; más tarde, nos deslumbra nuevamente con sus súbitas y desconocidas dotes de demiurgo, extrayendo de su mágica chistera la fabulosa cantidad de 2,500 millones de pesos que será utilizada por el Programa Nacional de Financiamiento de la Educación Superior -copia fiel del concebido por el Tecnológico de Monterrey- para otorgar créditos que serán recuperables en 15 años a tasas de interés “bastante accesibles”, a 23 mil jóvenes que estudian en escuelas privadas, mientras que, por otra parte, ordena disminuir los recursos destinados a las universidades públicas.

Se percibe, con absoluta claridad, que recursos gubernamentales para atender la emergencia agropecuaria y aliviar sus negativas consecuencias, los hay, lo que parece estar en discusión es quién los va a manejar, si el gobierno federal, los gobernadores de los estados, o los legisladores federales, cuando, lo lógico es que los administren los propios campesinos, las organizaciones en que se encuadran y las instituciones competentes, pero en el fondo de la polémica, lamentablemente, subyace lo electoral, como si fuese válido lucrar con las desgracias de los mexicanos.

Sorprende la atonía de ciertos segmentos de la población, no explicable cuando se está ante el atropello descarado de un derecho esencial para la vida humana, la alimentación, protegido y consagrado en nuestra Ley suprema. Por aconteceres menos graves, gobiernos de América Latina y Europa se han caído o tambaleado.

 Concluyendo. No solamente se advierte renuencia de las autoridades federales para atender una situación calamitosa, sino, también, carencia de sentido de la oportunidad, pues este es y ningún otro, el momento propicio para convocar a los investigadores, las organizaciones de campesinos, las instituciones de educación superior, los legisladores federales y locales y los gobiernos de los estados, a la tarea de elaborar los lineamientos de una verdadera política de Estado para la prevención de los efectos que ocasionan fenómenos climatológicos atípicos y, desde luego, que mejore la capacidad de los trabajadores del campo para incorporar en sus procesos tecnologías más avanzadas, métodos de organización plausibles, uso racional del agua, asistencia técnica extensiva, sistemas de comercialización que garanticen rentabilidad, y formas de asociación y de cooperación fructífera entre los ejidos, las comunidades y la auténtica pequeña propiedad.

No olvidemos que del progreso del campo depende el del país, tampoco se olvide una valiosa lección de nuestra historia: todos los movimientos progresistas de México: Independencia, Reforma y Revolución Mexicana de 1910, han tenido como principio inspirador el reparto justo de la tierra y la equitativa distribución de sus productos. Luego, póngase atención a la apremiante situación alimentaria que aqueja a la mayor parte del pueblo mexicano, sensibilidad para escudriñar la nueva realidad que caracteriza al planeta en que vivimos y diseñar políticas previsoras y congruentes, o dispongámonos a afrontar las consecuencias.